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México instala comisión para esclarecer caso Ayotzinapa

El gobierno de México instaló este martes una comisión para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un día después de un fallo que ordenó que las irregularidades cometidas en el caso por la Procuraduría General de la República (PGR) fueran investigadas.

La conformación de la comisión de la verdad sobre el caso conocido como Ayotzinapa viene luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para su creación en su primer acto como mandatario el pasado 3 de diciembre.

“El objetivo es muy claro: coadyuvar a que la verdad se conozca y nos permita impartir justicia”, dijo en una ceremonia en Ciudad de México Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La funcionaria dijo que “hay avances importantes en las investigaciones previas” y que se buscará “corregir lo que se hizo de manera indebida”.

Según la hipótesis que manejó la PGR bajo el gobierno expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, o normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014.

Después todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río.

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto fue fustigado por el ombudsman de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones.

Esta semana un juzgado de la Ciudad de México ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Procuraduría General de la República por irregularidades en la investigación.

Los padres de los jóvenes, que estaban presentes en la ceremonia, criticaron al gobierno de Peña Nieto al asegurar que se burló de ellos.

Exigieron también la presentación con vida de sus hijos y castigo a los culpables.

“El gobierno se burló de nosotros como padres de familia y del pueblo de México”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los estudiantes desaparecidos, que tenía 19 años cuando fue plagiado.

La comisión está integrada por los padres de los jóvenes, miembros del gobierno, así como expertos nacionales e internacionales.

Iniciará formalmente su trabajo el próximo 23 de enero e informará semestralmente sobre sus trabajos.

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